Anuncian nueve policías comunitarias nueva coordinación, separada de San Luis Acatlán

Grupos de la policía comunitaria de nueve comunidades en la zona Centro, La Montaña y Costa Chica del estado, anunciaron la integración de una nueva regional, independiente del Sistema de Seguridad y Justicia de la región Costa Chica-Montaña.

Informaron que marcharán juntos el próximo 12 de octubre, cuando se conmemora el Día de la Raza, a las 10 de la mañana, de la Alameda Granados Maldonado, al Zócalo de Chilpancingo.

En un documento que firman la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de El Fortín (Tixtla), Huamuxtitlán, Olinalá, Xochihuehuetlán; de Ayutla, Tlatlauquitepec, Pochutla, así como Tecoanapa y el Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y los familiares de los presos políticos de la CRAC-PC, se informó que en la movilización se pronunciarán por la libertad de promotor, Gonzalo Molina González, y del asesor Arturo Campos Herrera, presos en Chilpancingo y Ayutla, respectivamente, así como la defensa y rescate de la institución comunitaria.

Este bloque opera de forma independiente al Sistema de Seguridad y Justicia de la región Costa Chica-Montaña, cuya Casa Justicia más representativa es San Luis Acatlán.

En un breve comunicado, el nuevo bloque recordó que pronto se van a cumplir tres años de las detenciones arbitrarias de los líderes comunitarios Gonzalo Molina, el 6 de noviembre de 2013, y de Arturo Campos, el 1 de diciembre del mismo año, cuando pertenecían a la Casa de Justicia de El Paraíso, del Sistema de Seguridad y Justicia Regional.

Destacaron que la CRAC es una institución de los pueblos y comunidades, obligadas a tomar la seguridad pública en sus manos, y que desde hace 21 años representa una forma de organización comunitaria que el gobierno ha querido desmantelar en muchas ocasiones.

Denunciaron los intentos de destruir al movimiento ciudadano mediante la criminalización de los liderazgos, sobornando a “pseudo representantes comunitarios”, infiltrando a presuntos gestores, la mayoría vinculados a partidos políticos y simulando la regulación del sistema comunitario de seguridad y justicia.

Insistieron en que la CRAC tiene un respaldo legal en convenios internacionales y la propia Constitución que avala su operación, en este sentido, anunciaron la nueva coordinación de la CRAC, integrada por las comunidades señaladas, con la organización nacional que reivindica también a presos de otros estados.

 

 

 

 


Fuente: El Sur.

 

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