Hubo “coyotaje” en compra de terrenos para damnificados

Diez de los 22 terrenos que la Secretaría Desarrollo Urbano Territorial y Urbano (Sedatu) adquirió de manera irregular –con sobre precio, según la Auditoría Superior de la Federación—, para edificar casas y reubicar a los damnificados por la tormenta ‘Manuel’, fueron comprados a través de las inmobiliarias Bracsa S.A. de C.V. y Patrimonio de Guerrero S.A. de C.V.

Lo anterior se desprende de una copia de la relación de contrataciones que se entregó al reportero como parte de la ampliación a una solicitud de información pública que presentó ante la Sedatu, en seguimiento a este caso.

En febrero pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través de su informe de la Cuenta Pública del 2014 informó que la Sedatu incurrió en irregularidades al comprar 22 terrenos en los que se habrían de construir unidades habitaciones para los damnificados, con un posible daño a la hacienda pública por unos 23 millones 765 mil 228 pesos debido al sobre precio.

En la relación de contratos proporcionada por la directora de la Unidad de Enlace de la Sedatu, María San Luis Juan, se indica que la Sedatu adjudicó las empresas señaladas 18 millones 302 mil 51.40 pesos sin licitaciones de por medio.

A la Desarrolladora Patrimonio de Guerrero S.A. de C.V. le fueron adjudicados cinco contratos por un monto total de 7 millones 683 mil 711 pesos, refiere el anexo Compra de Terrenos.

Mientras que con la inmobiliaria Bracsa S.A. de C.V., la Sedatu firmó cinco contratos de compra y venta por 10 millones 618 mil 340.40 pesos. La firma de los 10 contratos se celebró el 7 de mayo del año 2014.

Bracsa S.A. de C.V. es la desarrolladora que estuvo a cargo de la construcción de Casas Palenque, ubicada en la zona poniente del puerto de Acapulco.

En 2014, año en que la ASF detectó las irregularidades, la Sedatu ejerció un total de 92 millones 531 mil 403.83 para la adquirir predios en diferentes partes del estado.

A finales de febrero, este medio informativo consignó que las empresas a las que la Delegación en Guerrero de la Sedatu –en ese entonces dirigida por el actual presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Héctor Vicario Castrejón— no comprobaron ser los propietarias de los predios que vendieron al gobierno federal.

Así lo indica en su informe la ASF: “Cabe señalar que no se proporcionaron las escrituras públicas de los terrenos adquiridos, ni tampoco las cesiones de dominio, los poderes notariales que acrediten a los representantes legales de las empresas vendedoras y a las personas a quienes se les realizó la transferencia bancaria; asimismo, no se demostró́ como se verificó la validez de las empresas vendedoras como propietarias de los terrenos en el Registro Público de la Propiedad”.

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